Sí se puede (ahora más que nunca)

Compartimos con vosotros estas reflexiones de Manuel Delgado, miembro del equipo jurídico de nuestra plataforma:

Manuel Delgado

Manuel Delgado

Desde hace más de veinte años, los gobiernos de todos los ámbitos y colores han hecho una apuesta por un sistema productivo basado de una manera temeraria en la construcción de viviendas. No sólo con los fines que le son propios, sino destinadas a la inversión especulativa.

La fiebre del ladrillo fue un fenómeno del que han presumido gobiernos de los dos colores posible. Un fenómeno que no hubiera sido posible sin las leyes y prácticas que, por separado y en su conjunto, han supuesto la aniquilación, por parte de los poderes del Estado, del artículo 47 de la Constitución. Este artículo, que protege el derecho de todos a una vivienda digna, ordena a los poderes públicos hacer imposible la especulación inmobiliaria.

Hoy nadie discutirá que los poderes públicos no han hecho nada por velar por ese derecho de todos los ciudadanos, y sí que han trabajado activamente en su contra. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo viene a añadir que los españoles hemos estado indefensos ante los abusos en la contratación hipotecaria, ante la que no sólo no ha existido control de las instituciones, sino imposibilidad de ponerle remedio cuando ya se había producido.

El resultado, hoy evidente, es que el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria obstaculiza la defensa del deudor, y vulnera la directiva 93/13 sobre derechos de los consumidores. Añado yo que desconoce u obvia conscientemente el artículo 24 de la Constitución (derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, sin indefensión).

Pero además, las ejecuciones masivas derivan de la mayor tasa de desempleo de Europa que imposibilita afrontar los pagos de sus viviendas y conllevan a la práctica de desalojos forzosos masivos. En el marco del PIDESC (Plan Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) esta situación conculca gravemente otros derechos humanos como “…el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar,…“, (Observación General n° 7 del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales).

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, la situación tiene que cambiar necesariamente de forma radical. Se lo deberemos a Aziz, el ciudadano marroquí residente en Barcelona, que ha seguido peleando incluso después de perder su vivienda. Ha tenido la suerte de encontrar a un juez que se cuestionó si era abusivo y opuesto al derecho europeo que, no poder pagar una cuota de un crédito a 33 años, suponga darlo todo por vencido anticipadamente; si no es un obstáculo al derecho de los consumidores que, por ejemplo, esta cláusula de vencimiento anticipado no pueda ser declarada abusiva, ni siquiera alegada en su defensa por el ciudadano hipotecado en el procedimiento que le echará de su casa. Sometió el juez a cuestión prejudicial, además, si los intereses de demora eran abusivos. Y por último, preguntó si no poder oponerse ante la liquidación de la deuda que el banco presenta, aplicando estas y otras muchas cláusulas abusivas, se oponía opuesto a la Directiva 93/13 CE.

Doy por sabida la respuesta del Tribunal. Han sido muchos juristas los que, de forma creciente, han puesto en evidencia la desproporción y parcialidad de nuestras leyes. Entre ellos, los abogados de las familias afectadas, unidas en plataformas y los Grupos Stop Desahucios que nacieron al calor del movimiento 15M y prendieron en la fértil dignidad de miles de ciudadanos.

La sentencia que deja en evidencia nuestras leyes, tenía y tiene fuerza obligatoria general. Ahora no hay excusa para paralizar procedimientos ilegales y declarar, incluso de oficio, la nulidad de las actuaciones desde la admisión a trámite de las demandas ejecutivas.

El Derecho Comunitario ha amparado a los desamparados por el derecho nacional. Esta vergüenza nacional debe hacernos reflexionar colectivamente, y preguntarnos si la norma era clara y aplicable.

  • ¿Por qué no lo ha sido a fin de protegernos de los abusos en la contratación hipotecaria?
  • ¿Por qué las leyes procesales han impedido a los ciudadanos acudir a los jueces en esos casos?
  • ¿Dónde estaban los poderes del estado desde hace veinte años?
  • ¿Ha existido complicidad con la banca de todos los gobiernos desde 1993?
  • ¿Por qué el Tribunal Constitucional avaló normas que violan derechos constitucionales?
  • Y, por último, ¿las PAH y los Grupos Stop Desahucios tendremos que seguir pidiendo que se apoye la ILP sobre dación en pago firmada por millón y medio de españoles?

Cada uno debe atenerse a los hechos y sacar sus propias conclusiones pensando en salidas y respuestas de futuro que no nos mantengan en el engaño. Ya hemos tenido bastante.

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